López Obrador presenta paquete de reformas constitucionales
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su paquete de reformas constitucionales, que conforman su último grupo de iniciativas antes de entregar el cargo el próximo 1 de octubre.
En el marco del Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el mandatario nacional dio el anuncio de su contenido desde Palacio Nacional.
“Es indispensable proteger lo que hemos alcanzado, entre todos y desde abajo. Todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo, y seguir luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna”.
Las 20 iniciativas de reformas constitucionales que envió AMLO al Congreso de la Unión
Como lo adelantó desde el pasado 12 de enero en su conferencia matutina, estas reformas abarcan varios rubros, como pensiones, salarios, programas sociales, derechos laborales, etcétera.
El mandatario enlistó 20 puntos, que, en esencia, resumen las reformas constitucionales, que serán enviadas al Congreso de la Unión.
“Presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales, que en esencia proponen lo siguiente”.
Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, y a los pueblos afromexicanos, como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente.
Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores, a partir de los 65 años, y personas con discapacidad; y aumentar el monto año con año.
Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
Que los trabajadores, y sus familias, puedan ser dueños de sus viviendas.
Prohibir el maltrato a los animales.
Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar concesiones para uso doméstico.
Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas, como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.
No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al IMSS.
Revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, como la impuesta por Felipe Calderón. Y crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos, que irá incrementando, para compensar a los trabajadores afectados por estas reformas.
Garantizar a los mexicanos derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no tengan empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se capacitan.
Todos los campesinos que puedan sembrar sus tierras contarán con un jornal justo y permanente. Campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se continuará entregando fertilizante gratuito a pequeños productores del país.
Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho a los servicios de internet.
La nueva iniciativa de reforma electoral que se presentará contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de “excesivas estructuras burocráticas electorales” y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500; el Senado con 64 legisladores y no 128. Asimismo, consejeros y magistrados de los electorales serán electos por el voto popular.
Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos, serán electos de manera directa por el pueblo.
Se propone que la Guardia Nacional, creada para cumplir tareas de seguridad, forme parte de la Sedena, con estricto respeto a derechos humanos.
Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el Artículo 127 de la Constitución el principio de que “Ningún servidor público de los 3 poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el presidente de la República”.
Eliminar todas las dependencias y “organismos onerosos” y elitistas supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal.
