Ejecutivo Federal no debe difundir información personal de periodistas 

CIUDAD DE MÉXICO.- ARTICLE 19 condena la difusión del número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal del New York Times, por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador:

Los hechos corresponden a un grave ataque a los derechos de libertad de expresión y de privacidad de la periodista, y buscan amedrentar al medio de comunicación.

También, ARTICLE 19 externa su preocupación por las justificaciones del representante del Ejecutivo Federal del 24 de febrero, así como el uso de recursos públicos para continuar la estigmatización.

Este no es el primer caso donde se ha utilizado la conferencia matutina de presidencia para publicar información privada de periodistas a quienes ha estigmatizado como adversarios a su administración.

Asimismo, la organización ha documentado un efecto cascada, donde autoridades estatales han publicado información personal de periodistas con el objetivo de amedrentar y reducir la cobertura periodística de medios de comunicación críticos.

Difusiones de información en la conferencia mañanera y sus impactos en la libertad de expresión

El pasado 22 de febrero en su conferencia matutina el Presidente de la República reaccionó a una publicación del New York Times (NYT), en la cuál se describen supuestas investigaciones de las autoridades de los EE.UU en años pasados sobre presuntas alegaciones de vínculos de delincuencia organizada con actores políticos y familiares vinculados al entonces candidato López Obrador.

En la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador acusó a la prensa en general de funcionar bajo las tácticas de “Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler”. Continuó estigmatizando al NYT, acusándolo de publicar información falsa y de ser “[…] un pasquín al servicio de grupos de intereses creados.”

En ese momento, el titular del Ejecutivo federal mostró y leyó en voz alta la petición que hizo Natalie Kitroeff, corresponsal del medio, solicitando una respuesta a la Oficina de la Presidencia el día previo para incorporar la versión del Ejecutivo en el reportaje. En ese momento también leyó el número telefónico de la periodista. Hasta el momento de publicación de este comunicado el número se mantiene visible en la versión estenográfica de la página web del gobierno federal[1]

Esta no es la primera vez que de manera consciente y directa el Presidente y su equipo de trabajo han hecho pública información privada o personal de periodistas. En su conferencia matutina del 11 de febrero de 2022, el presidente denostó, agredió y criminalizó a Carlos Loret de Mola, y solicitó que se proyectara un documento donde se expusieron los presuntos ingresos del periodista. Asimismo, el 26 de julio de 2023, en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? se dió a conocer una cifra que presuntamente revelaba los ingresos de Raymundo Riva Palacio en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Es también motivo de alarma que este número se haya hecho público tan sólo un mes después de que se filtró un listado parcial de información personal, fotografías y documentos de identificación de al menos 263 periodistas quienes atienden a la Mañanera. La respuesta del Estado mexicano se ha limitado en ofrecer a las y los periodistas afectados contacto con el Mecanismo de Protección Federal en caso de que fueran víctimas de alguna agresión, y de iniciar una investigación. Sin embargo, al momento de la publicación de este comunicado no se han reportado avances de la denuncia hecha por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

En un país como México, reconocido como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; con al menos 32 periodistas desaparecidos y 163 periodistas asesinados desde el año 2000, y con agresiones al menos 1 vez cada 16 horas contra periodistas y medios de comunicación, el hacer público el número de teléfono Natalie, una mujer, periodista y enfocada en investigaciones sobre delincuencia organizada, es un grave ataque a su libertad de expresión y derecho a la privacidad.

Además de los procesos continuos de estigmatización contra periodistas y medios de comunicación críticos a la administración, el Ejecutivo Federal utiliza los medios de comunicación públicos para replicar el discurso del Presidente en sus conferencias matutinas.

A las 18:16 del 22 de febrero el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano publicó en sus redes sociales un video donde se muestra no sólo una fotografía de la periodista, sino que la acusa de publicar notas “en contra del gobierno de México, sin pruebas, y con ausencia de rigor periodístico”. El video se convierte en una estrategia de viralización de un discurso oficial el cuál, lejos de generar un debate público sobre la investigación del NYT, se convierte en un mecanismo de información propagandística del Estado. Este mecanismo busca intimidar a aquellos medios de comunicación y periodistas quienes cuestionan o critican políticas públicas de esta administración.

Al respecto en su Declaración Conjunta Sobre Libertad De Expresión Y «Noticias Falsas» («Fake News»), Desinformación Y Propaganda, las relatorías especiales y representantes de libertad de expresión de organismos internacionales[2] enfatizan que “[…algunas modalidades de desinformación y propaganda podrían dañar la reputación y afectar la privacidad de personas, o instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia grupos identificables de la sociedad;” y reiteran que “Los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones […] que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda).”.

La corroboración y contraste de información es un principio básico del periodismo

Cabe señalar también que estas acciones contradicen el mismo discurso Presidencial, el cuál, tiene desde el inicio de su sexenio, estigmatizando a la prensa de “vendida”, “pagada” y “contraria a su administración”, así como acusándola de nunca publicar el punto de vista u opinión del Ejecutivo. En este caso, un medio de comunicación solicitó información a Presidencia para contrastar información y generar un reportaje que contuviera su punto de vista. En vez de recibir una respuesta, es exhibida en la tribuna pública que constituye la Mañanera.

El impacto de este tipo de acciones podría generar un mecanismo de autocensura donde periodistas y medios de comunicación serán intimidados para efectivamente solicitar información del Ejecutivo Federal, violentando aún más el derecho a la información de la ciudadanía. Esto debilita aún más el debate público y plural que debe existir en una sociedad democrática. Esto es particularmente de riesgo en un contexto donde México está inmerso en uno de los procesos electorales más grandes de su historia.

Como ARTICLE 19 ha reiterado cada año en esta administración[3], la estigmatización y el hostigamiento desde la tribuna pública a la prensa constituyen un abuso del poder público, y generan un efecto cascada que se está repitiendo por autoridades municipales y estatales. A lo largo de este sexenio, se han documentado cómo en sus propias conferencias y entrevistas, funcionarios públicos de múltiples partidos y en todos los niveles de gobierno tal estigmatizan, criminalizan y agreden a personas periodistas. Ejemplos de esto son casos como Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; David Monreal, gobernador de Zacatecas; Jaime Bonilla, gobernador de Baja California; Alejandro Moreno en su dirigencia del PRI, y más recientemente Mario Figueroa, el alcalde de Taxco. Asimismo, en al menos otros 5 casos, autoridades estatales han hecho públicas fotografías de comunicadores y sus familiares, datos de direcciones y otros datos personales de periodistas críticos.

Así, en uno de los países más violentos contra la prensa, las autoridades y representaciones de partidos contravienen sus obligaciones Constitucionales y los estándares internacionales de libertad de expresión, al generar un clima que minimiza esta violencia, y por el contrario, justifica las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen tres obligaciones ante el derecho de la libertad de expresión: “Respetar el derecho, o abstenerse de interferir en el goce del mismo […] Proteger, o ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado [… y ]dar cumplimiento al derecho, o tomar medidas positivas o proactivas a fin de hacerlo efectivo.”

Posterior a todos estos hechos preocupa aún más que hoy, 23 de febrero de 2024, en su conferencia matutina el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no fue un error el haber publicado el número telefónico y que lo volvería a hacer “[…] cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.” El funcionario público justificó así que su derecho a defenderse de “calumnias” es superior a los estándares, reglamentos o normativas aplicables. El titular del Ejecutivo asimismo dijo “bájenle una rayita a su prepotencia”, generando la falsa impresión que la crítica y las exigencias de los medios de comunicación a las autoridades no son parte de un ambiente democrático, sino una agresión a la “investidura presidencial”.

Presidencia también minimiza los hechos diciendo que, “no pasa nada”, y si la periodista se siente en riesgo “que cambie su teléfono, otro número, ya,” Andrés Manuel López Obrador cataloga sus acciones meramente como un derecho a la réplica: “No, y si ustedes, si ustedes calumnian, aquí hay réplica.”

Al respecto, ARTICLE 19 recuerda al Ejecutivo Federal que el derecho a réplica de él y todas y todos los ciudadanos de México está debidamente normado en la Ley Reglamentaria del Artículo 6to, Párrafo Primero de la Constitución, en materia de Derecho a Réplica.

Finalmente, es preocupante que el Jefe de Estado diga que “No puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime, que es la libertad. […], por encima de esa ley [de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados] está la autoridad moral, la autoridad política.”[4] Es erróneo decir que la investidura presidencial, la autoridad moral o política, otorga al Presidente o a su equipo de trabajo un poder superior a la legislación mexicana, en la cual se incluyen los derechos a la libertad de expresión y derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

Ante los hechos aquí descritos, ARTICLE 19 condena enérgicamente la publicación de información personal de personas periodistas, expresa su profunda preocupación por el abuso del poder público como una herramienta para intimidar a la prensa. Por ello llamamos a las autoridades de todos los niveles y partidos a atenerse a sus obligaciones Constitucionales y los más altos estándares internacionales de libertad de expresión y acceso a la información.